Alquileres en la mira
El debate nacional sobre las leyes que regulan los alquileres volvió a tomar visibilidad el pasado lunes 8 de mayo, cuando el oficialismo presentó un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados. Las organizaciones de inquilinos del país no acuerdan con varios artículos del texto y reclaman que se apruebe el que ya cuenta con media sanción del Senado. La discusión principal pasa por el método de ajuste en los precios y la extensión de los contratos.
Un grupo de inquilinos elabora un creativo plan para enfrentar un desalojo inminente en una travesía tragicómica donde la búsqueda de un techo es el principal motor. En La estrategia del caracol (1993), película colombiana dirigida por Sergio Cabrera, la dignidad y la solidaridad frente a la adversidad unen a los vecinos de una casa del centro bogotano que pertenece a un empresario ansioso por echarlos para hacer negocios. “La injusticia de la justicia y la falta de estrategia de la clase inquilinal han dejado en la calle a miles de familias”, se lamenta uno de los protagonistas de la historia, que puede ser trasladada a cualquier época y gran ciudad sin que pierda sentido ni actualidad.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), la cantidad de inquilinos creció constantemente durante las últimas décadas. Hoy en día se calcula que la cifra asciende a casi 7 millones. Sin embargo, la regulación sobre los alquileres es escasa. Las pocas normas que existen son generalmente incumplidas por inmobiliarias y propietarios. La situación habitacional de quienes no tienen otra opción que alquilar depende del mercado inmobiliario y la cotidianeidad de esas familias se transforma al ritmo de los vaivenes especulativos. Los inquilinos destinan alrededor de la mitad de su salario al pago del alquiler de su vivienda. Cada aproximadamente dos años se ven obligados a dejar todos sus ahorros en los costos de renovación del contrato. Debido a esta falta de capacidad de ahorro, los créditos hipotecarios para la compra de la vivienda propia resultan inaccesibles para este sector.
En los últimos años se formaron 14 organizaciones en el país que representan a los inquilinos de diferentes ciudades, como Córdoba, Neuquén, Rosario, La Plata y Ciudad de Buenos Aires. Con la convicción de que alquilar de manera justa es posible en Argentina, sus principales objetivos son garantizar el acceso a la vivienda digna y la defensa de sus derechos. El Frente de Inquilinos Nacional, que las nuclea, reclama la aprobación definitiva del proyecto de Ley de Alquileres que ya cuenta con media sanción del Senado, votado por unanimidad en noviembre del año pasado. La iniciativa propone la modificación de varios artículos del Código Civil y Comercial. Los principales puntos que plantea son la extensión de los contratos de alquiler a un mínimo de tres años para brindar mayor estabilidad a las familias y el ajuste anual de los precios en base a un promedio entre el índice de inflación y el salario.
El debate en Diputados
Resurgió el pasado lunes 8 de mayo cuando el oficialismo presentó un nuevo proyecto en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja. El texto redactado por los diputados nacionales de Unión Pro Daniel Lipovetzky y Waldo Wolff presenta modificaciones sustanciales que las organizaciones de inquilinos rechazaron fuertemente. Los puntos centrales del conflicto son el método de ajuste en los precios de locación y la extensión de los contratos de alquiler. El proyecto del oficialismo no menciona un cambio en el plazo mínimo de los alquileres, con lo cual se mantendrían en dos años, según las normas vigentes en la actualidad. En una polémica modificación, el proyecto oficialista incluye un tope de 840 UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo) para que los alquileres se ajusten anualmente en base al salario. José Rozados, director de Reporte Inmobiliario, afirmó que el alquiler de un departamento de tres ambientes en algunos barrios porteños ya está en el valor de 15 mil pesos, el equivalente a 840 UVAs. La inclusión de ese tope podría generar que los propietarios eleven los valores para quedar exentos de los artículos que regularían los precios, el pago de las expensas extraordinarias y la posibilidad de la rescisión anticipada del contrato por parte del locatario. “Las modificaciones que el oficialismo plantea tienen que ver con retirar la variable salario del precio de los alquileres”, aseguró Gervasio Muñoz, referente de la organización porteña Inquilinos Agrupados. “El Gobierno nacional pretende garantizarle la rentabilidad al mercado inmobiliario y por eso quiere que los precios de los alquileres sólo estén bajo la variable inflación”, agregó el dirigente. Los inquilinos de todo el país esperan los resultados de este delicado y polémico debate, que podría transformar la realidad del acceso a la vivienda para millones de argentinos.
En un comunicado de prensa, el Frente de Inquilinos Nacional advirtió que “el proyecto de ley del oficialismo, por el sistema de actualización de precios de los alquileres que propone, podría ocasionar un alza de precios sin precedentes perjudicando no sólo a los inquilinos, sino también a los propietarios”. Y aseguraron que la intención del oficialismo es que no se vote ningún proyecto. El tratamiento resulta de carácter urgente ya que la situación de los inquilinos es cada día más precaria, los aumentos que deben afrontar son semestrales y superan los índices de inflación y de salario. El promedio actual del aumento en la renovación de contratos se encuentra entre el 40 y el 70 por ciento. “La falta de regulación del sector inmobiliario hace que se comporte como un cartel a la hora de formar precios. La vivienda cumple un rol fundamental como sitio de arraigo familiar, desarrollo de la persona y de crecimiento educacional. Garantizar el acceso y protección, requiere de la adopción de políticas públicas que equilibren las relaciones entre los actores involucrados que, históricamente, han resultado desiguales”, afirma la senadora por el Frente para la Victoria Silvina García Larraburu en la fundamentación del proyecto de ley votado por el Senado. “Tenemos un Estado que está completamente ausente en la regulación de los alquileres y del acceso a la vivienda. Necesitamos políticas integrales que nos resguarden, como sucede en casi todas partes del mundo. Lamentablemente, con la necesidad de la vivienda no nace un derecho, sino que para el mercado inmobiliario y el Gobierno nace un negocio”, aseguró Muñoz.
Así como el caracol lleva su casa a cuestas, los inquilinos se ven forzados a mudarse con alta frecuencia, debiendo armar y desarmar sus hogares y reconstruir los lazos comunitarios cada vez que se instalan en un nuevo barrio. La inestabilidad de este sector resulta un problema para el sostenimiento de los recorridos educativos, laborales y sociales de las familias que lo componen. El impulso de leyes que regulen el mercado inmobiliario busca implementar un régimen habitacional donde la vivienda sea accesible para el enorme sector inquilino y sus derechos sean respetados y protegidos desde políticas estatales.
